María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, protagonizó una tensa entrevista en la que insultó al periodista Daniel Pacheco, llamándolo parte de “personas con cemento en el cerebro”. El intercambio se dio cuando el comunicador mencionó la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Durante la conversación, Cabal negó que el Estado fuera responsable de los crímenes contra la UP e insistió en que la izquierda ha “tergiversado” la historia. Pacheco replicó con datos históricos y recordó el fallo de 2023 de la Corte IDH y el acto de reconocimiento público realizado por el Estado en 2024, lo que intensificó la discusión y las reacciones en redes sociales.
El episodio se produjo mientras la senadora cuestionaba la validez de fuentes históricas que documentan el exterminio de la UP entre las décadas de 1980 y 2000. En la entrevista, Cabal rechazó la afirmación de que agentes estatales hubieran participado en los crímenes, posición que contrasta con el fallo de la Corte IDH, que responsabilizó al Estado por la violencia sistemática contra miles de militantes.
Pacheco pidió a la congresista evitar insultos personales y sostuvo que el debate debía centrarse en hechos probados judicialmente. El periodista subrayó que la decisión internacional y actos oficiales de perdón forman parte de medidas de reparación, marcos que Cabal desestimó al atribuir los asesinatos a grupos insurgentes y negar la responsabilidad institucional.
El exterminio de la UP ha sido documentado por organismos de derechos humanos y entidades del Estado. En 2024, se programó un acto de reconocimiento en la Plaza de Bolívar; su desarrollo estuvo marcado por controversias logísticas y la exigencia de las víctimas de que asistiera el presidente, lo que derivó en la suspensión de una parte del evento y reacciones encontradas.
Las palabras de Cabal desencadenaron críticas de periodistas, activistas y figuras públicas que señalaron el tono descalificador y la negación de fallos internacionales. En redes sociales, usuarios recordaron que la Corte IDH no solo estableció la responsabilidad estatal, sino que ordenó medidas de reparación y garantías de no repetición.
La senadora, a su vez, defendió su postura, aduciendo que existe una “narrativa” que habría capturado la memoria histórica. Sus afirmaciones chocan con el estándar interamericano plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los pronunciamientos oficiales de 2023 y 2024.
El cruce verbal pone de relieve la sensibilidad del tema de memoria y verdad en Colombia y la tensión entre líderes políticos y periodistas al abordar responsabilidades estatales en crímenes del pasado. El incidente reavivó el debate público sobre los límites del discurso político, el respeto a la prensa y la centralidad de las decisiones judiciales internacionales en la construcción de memoria.
Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos reiteraron que minimizar o negar fallos internacionales revictimiza y dificulta las garantías de no repetición. Columnistas y reporteros destacaron la necesidad de un trato respetuoso en entrevistas, especialmente cuando se discuten temas de alta sensibilidad histórica.
El episodio también puede incidir en la conversación electoral: la imagen de líderes frente a la prensa y a sentencias internacionales se convierte en un termómetro de respeto institucional. Medios y audiencias seguirán atentos a eventuales rectificaciones o nuevos pronunciamientos.
